
El canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos (EE.UU.) está nuevamente estancado. La embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, aseguró que actualmente “no hay negociaciones” y que ambas partes ni siquiera consiguen acordar una agenda básica.
Leer Mas: Cuba y EE.UU.: ¿quién está cerrando realmente la puerta al diálogo?La declaración llega en un momento especialmente delicado. La administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia La Habana, mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética. Washington insiste en responsabilizar al Gobierno cubano por sus propios problemas. La Habana, por su parte, denuncia la presión económica estadounidense y reclama un diálogo basado en el respeto a su soberanía.
Cuba y EE.UU.: dos discursos enfrentados
Para Estados Unidos, la crisis cubana tiene raíces fundamentalmente internas. Marco Rubio volvió a sostener esta semana que los apagones no son consecuencia de las políticas de Washington y atribuyó el deterioro eléctrico a años de falta de mantenimiento e inversión.
La posición cubana es diferente. La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses y las restricciones sobre el acceso a combustible, medicinas, alimentos y financiamiento agravan una situación económica ya complicada. Estados Unidos, entretanto, ha continuado ampliando las medidas de presión sobre sectores estratégicos de la economía cubana, incluido el energético.
En medio de esta disputa política está la población cubana, que enfrenta apagones prolongados, dificultades para trabajar, estudiar, conservar alimentos y acceder regularmente a servicios básicos. El debate debería superar las consignas y preguntarse qué responsabilidad corresponde a cada parte y, sobre todo, qué políticas pueden realmente mejorar las condiciones de vida de los cubanos sin profundizar aún más la crisis.
¿Por qué no consiguen negociar?
La contradicción resulta evidente. Cuba afirma estar dispuesta al diálogo, incluso sobre asuntos en los que existen diferencias, pero exige respeto a su soberanía y autodeterminación. Esa disposición ya había sido expresada públicamente por Torres Rivera meses atrás.
Washington, en cambio, ha vinculado su política hacia Cuba con cambios políticos y una presión creciente sobre el Gobierno de La Habana.
Ahí aparece el principal obstáculo: cada gobierno entiende el diálogo desde una lógica diferente. Cuba busca negociar relaciones bilaterales y aliviar la presión económica sin aceptar condiciones sobre su sistema político. Estados Unidos pretende utilizar su capacidad económica y diplomática para conseguir cambios en la Isla.
Mientras tanto, el costo de la confrontación no lo pagan únicamente los gobiernos. Lo pagan también los cubanos que enfrentan apagones, inflación, escasez, dificultades para emigrar o mantener a sus familias, y una economía cada vez más condicionada por decisiones tomadas tanto dentro como fuera de la Isla.
La pregunta que queda abierta
Después de décadas de enfrentamiento, Cuba y EE.UU. conocen perfectamente sus diferencias. Lo que sigue sin resolverse es si existe la voluntad política para buscar acuerdos a pesar de ellas. Porque si ambos gobiernos aseguran defender los intereses de sus pueblos, mantener indefinidamente una relación basada en sanciones, acusaciones y ausencia de negociación difícilmente puede presentarse como una solución.
La verdadera pregunta, entonces, no es quién gana la disputa entre Washington y La Habana, sino cuándo entenderá el Gobierno estadounidense que Cuba no cederá ante las presiones y que, mantener una política de máxima presión termina afectando, en buena medida, a quienes menos responsabilidad tienen en el conflicto: los ciudadanos cubanos.
Si Washington realmente pretende promover cambios y mejorar las condiciones de vida de la población cubana, resulta legítimo preguntarse cuánto sentido tiene una política que, después de décadas, no ha conseguido sus objetivos declarados. Al mismo tiempo, esta política solo ha contribuido a profundizar las dificultades económicas y sociales de la Isla.
La responsabilidad de EE.UU. no debería medirse únicamente por sus intenciones políticas, sino por las consecuencias que sus decisiones tienen sobre la población cubana. Ha llegado el momento de preguntarse si insistir en el mismo camino, es una estrategia efectiva o simplemente la prolongación de un conflicto cuyo costo cotidiano termina pagando el pueblo cubano.
