
La creciente presencia de gobiernos de derecha y ultraderecha en América Latina está modificando el mapa político regional. Pero más allá del discurso ideológico, la pregunta central es otra: ¿qué resultados están produciendo sus políticas económicas y sociales frente a los gobiernos de izquierda que los precedieron?
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Argentina con Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa, Chile con José Antonio Kast y otros gobiernos conservadores reflejan un cambio de ciclo político. La nueva derecha latinoamericana combina reducción del gasto público, desregulación, apertura al capital privado, flexibilización económica y una aparente prioridad a la seguridad. La que, de forma camuflajeada, sirven el camino a la intromisión en los asuntos internos de estas naciones por parte de los Estados Unidos; bajo el débil argumento de enfrentar el narcotráfico y la migración irregular.
Lo cierto es que el fenómeno no apareció de la nada, surge de la necesidad de EE.UU. retomar el control de su patio trasero y continuar explotando los recursos naturales de la región, para poder seguir existiendo. Por otra parte, el desgaste al que fueron sometidos los gobiernos progresistas, por medio de medidas de presión económicas por parte de la Casa Blanca, unido a la estimulación externa de la inseguridad, la corrupción, facilitaron el espacio para promover discursos que prometían “orden”, menos control por parte del Estado y supuesta mayor libertad económica.
Pero, comparar derecha e izquierda, exige mirar algo más que quién gobierna: hay que observar pobreza, empleo, inflación, desigualdad, crecimiento y acceso a servicios públicos.
El caso argentino: estabilización con costos sociales
Argentina constituye el ejemplo más radical. Milei aplicó un programa basado en un fuerte ajuste fiscal, reducción de subsidios, desregulación y corrección de desequilibrios macroeconómicos. El Banco Mundial reconoce como resultados positivos el superávit fiscal y una fuerte reducción de la inflación mensual. Sin embargo, los costos sociales han sido importantes.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), durante el segundo semestre de 2025 todavía el 28,2% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 6,3% en situación de indigencia. Aunque estas cifras mejoraron respecto de los niveles extraordinariamente altos registrados durante 2024, continúan representando una realidad social muy dura para sus ciudadanos.
La experiencia argentina demuestra, por tanto, que estabilizar las cuentas públicas no significa automáticamente mejorar la distribución de la riqueza.
¿Qué dejaron los gobiernos de izquierda?
Durante la llamada “marea rosa”, gobiernos como los de Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina y más recientemente, Gustavo Petro en Colombia, ampliaron programas sociales, elevaron salarios mínimos y utilizaron al Estado como instrumento de redistribución.
Brasil ofrece uno de los ejemplos más significativos. Las políticas sociales de Lula contribuyeron a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, aunque aún trabaja en eliminar la concentración de riquezas.
En Colombia, Petro también consiguió resultados sociales relevantes: al finalizar su mandato, la pobreza monetaria había descendido de 36,6 % en 2022 a 28,0 % en 2025. En ese período, alrededor de 3,9 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y cerca de 1,9 millones dejaron la pobreza extrema.
Los extremos: el gran problema
La comparación no debe analizarse sobre qué modelo funciona mejor; pues ambos en extremos pueden llevar a errores que impactan en la población. Lo ideal está en aprovechar lo mejor de cada sistema para impulsar proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y reduzcan la concentración de riquezas. La realidad latinoamericana es mucho más compleja.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en 2024 la pobreza regional cayó al 25,5%, su nivel más bajo desde que existen datos comparables, pero advierte que la desigualdad continúa siendo estructural: el 10% más rico concentra el 34,2% del ingreso, mientras el 10% más pobre recibe apenas el 1,7%.
La gran lección es que América Latina necesita algo más que cambios de gobierno. Necesita crecimiento económico con redistribución, disciplina fiscal sin abandonar la protección social, inversión privada acompañada por inversión pública y Estados capaces de combatir la corrupción y garantizar servicios básicos a la población.
La derecha ha capitalizado el poder político en la región a partir de la ayuda y fraudes de gobiernos como EE.UU. e Israel en sus procesos eleccionarios, ampliamente denunciados por pobladores de esos países. Si sus políticas producen crecimiento sin inclusión, también terminarán generando frustración, como ya está iniciándose en países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. Por otra parte, la izquierda, si pretende regresar al poder, tendrá que demostrar que puede combatir la desigualdad sin repetir errores de gestión, trabajar en la unidad y eliminar todo lo que representa egos personales y ansias de poder.
El verdadero debate latinoamericano debería concentrarse en qué modelo consigue convertir el crecimiento económico en bienestar para la mayoría y hasta ahora, la izquierda avanza a pesar de los esfuerzos de potencias de impedirlo.

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