Abel Matos 
Bolivia amaneció el pasado 2 de octubre con una situación crítica de institucionalidad creada por el gobierno de Rodrigo Paz y alentada por la Casa Blanca. La pregunta que va mucho más allá de la detención del fiscal general: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación con Estados Unidos, antes de que empiece a comprometer la autonomía de las instituciones bolivianas?
Leer Mas: Bolivia: cuando Washington aplaude y la policía invade la FiscalíaLa noche del miércoles, la Policía intervino las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre y otras dependencias del Ministerio Público, mientras el fiscal general Roger Mariaca era detenido junto a otros funcionarios. El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró haber desmantelado una estructura vinculada supuestamente al narcotráfico dentro de la justicia. La coincidencia imposible de ignorar.
Primero llega Washington, luego los policías
Dos días antes de la detención, Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos acusándolos de corrupción y de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó los señalamientos y denunció presión política externa. Después llegó el operativo.
El propio Gobierno boliviano reconoció que la investigación contó con información de la DEA. Y cuando las detenciones se produjeron, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio salió públicamente a respaldar al Gobierno de Paz y calificó sus acciones contra el narcotráfico y la corrupción como “audaces y decisivas”.
¿Una coincidencia? No creo.
¿Una coordinación? Hay elementos públicos que muestran cooperación e injerencia en el proceso por parte de EEUU. Varios congresistas denunciaron recientemente a funcionarios de la Embajada estadounidense en la nación andina, de impulsar la destitución del Fiscal general.
¿Una orden directa de Washington para tomar la Fiscalía? Todo parece indicar que si. La consecución de hechos demuestran una línea de tiempo que, al parecer, indican que la Casa Blanca está detrás de la operatoria.
Y precisamente por eso la pregunta resulta todavía más incómoda.
Bolivia: la Fiscalía bajo custodia policial
La escena es difícil de pasar por alto: agentes policiales ingresando a instalaciones del Ministerio Público mientras funcionarios denunciaban que estaban siendo detenidos y cuestionaban la legalidad del procedimiento. La Fiscalía llegó a denunciar la intervención como ilegal y funcionarios hablaron públicamente de un “secuestro”. El Gobierno sostiene una versión radicalmente diferente.
Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Mariaca encabezaba una estructura criminal incrustada en el sistema de justicia y dedicada a proteger el narcotráfico, que casualidad. Las autoridades también aseguran haber encontrado grandes cantidades de dinero relacionadas con la investigación.
Esas acusaciones tendrán que probarse ante la justicia. Porque combatir el narcotráfico no elimina una pregunta elemental: ¿quién controla a quienes controlan la justicia?
El nuevo tablero boliviano
El episodio ocurre mientras Rodrigo Paz profundiza el acercamiento de Bolivia a Washington. Al mismo tiempo, recupera una cooperación de seguridad que había quedado prácticamente congelada durante los gobiernos del MAS.
Y aquí aparece el dato político más revelador: mientras en Bolivia se desarrolla el operativo, Estados Unidos no guarda distancia. Washington respalda públicamente las acciones del Gobierno y los países integrantes del llamado Escudo de las Américas también expresaron su apoyo a Bolivia.
La discusión, entonces, ya no es solamente sobre Roger Mariaca. Mas bien es sobre qué ocurre, cuando la lucha contra el narcotráfico, la política exterior estadounidense y el control de las instituciones de justicia, empiezan a avanzar por el mismo camino.
Mariaca es el fiscal que llevaba el proceso en contra de Fernando Cerimedo. Resulta ser el mismo que ha destapado una ola de escándalos en torno a gobiernos de derechas en América Latina; en especial el de Bolivia.
La realidad es que, una cosa es cooperar contra el crimen organizado y otra muy distinta, es que la justicia de un país termine funcionando bajo la sombra de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
Lo que es un secreto a voces es que, al parecer, Estados Unidos pudo ordenar la detención del Fiscal general y con ello, la intervención de la Fiscalía boliviana.
Por lo que quiero cerrar con una pregunta que ahora corresponde responder a La Paz:
¿Bolivia está recuperando el control de sus instituciones… o simplemente está cambiando quién ejerce influencia sobre ellas?
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