
La intervención militar de Estados Unidos en Cuba vuelve al centro del debate mientras Washington aumenta la presión económica y mantiene contactos con La Habana. Sin embargo, una cosa es estudiar opciones militares y otra muy distinta es ordenar una invasión. Distinguir esos hechos es esencial para entender el riesgo actual.
Leer Mas: La Habana: por qué una guerra sería un problema estratégico para Estados UnidosEl 26 de septiembre de 2026, Donald Trump dijo que esperaba alcanzar un acuerdo con Cuba y que probablemente no haría falta una operación militar. Días después, la diplomática cubana Lianys Torres Rivera declaró a Reuters que ambos gobiernos mantenían canales de comunicación, pero que no había negociaciones formales ni una agenda acordada.
La Habana: la intervención militar de Estados Unidos y la presión económica
La política de Washington combina sanciones, bloqueos energéticos, declaraciones públicas y contactos diplomáticos. La crisis de combustible ha agravado los apagones y las dificultades de la economía cubana, que ya arrastraba problemas de infraestructura y suministro.
El 31 de marzo, un petrolero ruso descargó crudo en Matanzas después de que Estados Unidos permitiera la llegada del cargamento. El caso mostró que Washington podía autorizar excepciones mientras mantenía la presión general sobre el suministro de combustible.
La presión económica no demuestra por sí sola que exista una decisión de atacar. Sin embargo, la realidad demuestra que el riesgo de una intervención militar de Estados Unidos en La Habana, cada vez responde más a una agenda personal de Marco Rubio, que a un interés real de Donald Trump.
¿Qué sabemos de los preparativos militares?
En septiembre, CBS informó sobre consultas internas acerca de la disponibilidad de unidades que podrían apoyar al Comando Sur. Según la cobertura de El País, el documento citado no mencionaba expresamente a Cuba y el medio no pudo verificar que existiera un plan operativo dirigido contra la isla. El Comando Sur no ofreció detalles sobre posibles movimientos o plazos.
Por tanto, conviene separar tres niveles: la evaluación de opciones, la preparación de recursos y una orden para ejecutar la operación.
La guerra contra Irán también limita la libertad de acción de Washington. Un segundo conflicto obligaría al Pentágono a repartir recursos y a mantener fuerzas suficientes para proteger las bases y el territorio estadounidense. Eso no hace imposible una operación, pero sí añade costos y riesgos, que hoy EEUU no está en posición de asumir.
La Habana – Florida: la geografía aumenta las consecuencias
Cuba se encuentra a unos 145 kilómetros de Cayo Hueso, en Florida. Una guerra ocurriría cerca de puertos, aeropuertos, zonas turísticas y rutas comerciales. Incluso sin combates en territorio estadounidense, la incertidumbre podría afectar el transporte marítimo, las primas de seguro y las operaciones de cruceros.
Además, los combates podrían provocar una nueva oleada migratoria. El tamaño de ese éxodo dependería de la duración de la guerra, los daños a los servicios básicos y las opciones migratorias disponibles para ese contexto. No es posible fijar una cifra fiable antes de conocer esas condiciones. No obstante, lo cierto es que desestabilizarían la región.
Si comparamos el caso de Cuba con la situación actual con el estrecho de Ormuz, entonces pudiéramos asumir que: Cuba no ocupa una posición idéntica ni cuenta con las mismas capacidades que Irán. El resultado para los EE.UU. sería mucho más desastroso. Atraería a su territorio un nuevo conflicto bélico; afectaría las principales rutas marítimas del país y provocaría una migración interna magnitud incalculable.
¿Qué dice el derecho internacional?
El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. El artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa si ocurre un ataque armado, sujeto a las condiciones de la Carta.
El deseo de cambiar un gobierno, las diferencias ideológicas o la preparación militar no constituyen, por sí solos, una autorización para atacar. Si comenzaran las hostilidades, ambas partes tendrían que respetar las normas que protegen a la población civil.
La legislación estadounidense también regula el uso de las fuerzas armadas. Sin embargo, la legalidad interna de una decisión y su legalidad internacional son cuestiones distintas.
El peligro de un error de cálculo

Las declaraciones presidenciales, los planes militares y las órdenes de ejecución son hechos diferentes. Confundirlos puede alimentar temores sin fundamento; ignorarlos también sería un error.
La combinación de sanciones, vigilancia, preparación militar y contactos diplomáticos exige atención. Un incidente cerca de la base ilegal de EE.UU. en Guantánamo o una acusación de inteligencia no verificada, como ha publicado en diversas ocasiones, el medio Axios, podrían aumentar la tensión en un momento delicado.
Evitar una guerra no exige que Washington y La Habana resuelvan todas sus diferencias de inmediato. Demanda mantener los canales de comunicación, aclarar qué acciones consideran inaceptables y ampliar la cooperación humanitaria.
La planificación militar no demuestra que una invasión sea inevitable ni confirma una decisión de intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Sí obliga a preguntar qué medidas pueden impedir que la presión termine en una guerra que ambas sociedades tendrían dificultades para controlar.
