
Las elecciones en Florida dejaron dos resultados muy ajustados en Miami-Dade y Broward. María Elvira Salazar enfrenta un recuento automático y una demanda federal de su rival demócrata, mientras Mario Díaz-Balart mantiene una ventaja sobre Nicole Locklin después de una noche electoral marcada, aparentemente, por errores en la publicación de los resultados.
Leer Mas: Elecciones en Florida: Salazar enfrenta recuento y demanda federalLas dos contiendas pusieron bajo presión a las autoridades electorales del sur de Florida. También abrieron preguntas sobre la transparencia del conteo, la revisión de las papeletas y los posibles conflictos de intereses entre funcionarios y representantes políticos.
Sin embargo, hay una diferencia importante: mientras la elección del distrito 27 continúa bajo revisión, la del distrito 26 quedó fuera del umbral que obliga a realizar un recuento automático. A pesar de ello, la victoria de Díaz-Balart deja mucho que analizar y muchas preguntas que responder.
Elecciones en Florida: Salazar y Rodriguez separados por 1.090 votos
La representante republicana María Elvira Salazar consiguió una ventaja inicial de apenas 1.090 votos sobre el demócrata Eliott Rodríguez en el distrito congresional 27. Salazar obtuvo 124.528 votos, frente a los 123.438 de Rodríguez. La diferencia representa aproximadamente el 0,44 % del total.
El resultado activó el mecanismo de recuento automático previsto por la legislación de Florida. El proceso comenzó el 9 de noviembre en las instalaciones electorales de Miami-Dade, en Doral. Las autoridades deben completar el recuento antes de las 3 de la tarde del 12 de noviembre. Si la diferencia baja al 0,25 % o menos, podría comenzar una revisión manual de los votos con sobreconteos y subconteos.
La elección todavía no tiene un resultado definitivo certificado, por lo que la victoria festejada anticipadamente por Salazar, tendrá que esperar.
La demanda contra la supervisora electoral de Miami-Dade

La controversia más importante surgió cuando el equipo legal de Rodríguez cuestionó la imparcialidad de Alina García, supervisora de elecciones del Condado, en estas elecciones en Florida. El 6 de noviembre, Rodríguez presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. El expediente, identificado con el número 1:2026cv27895, también incluye a María Elvira Salazar como demandada.
La campaña demócrata solicitó apartar a García de las decisiones relacionadas con la revisión de las papeletas y el recuento. La denuncia plantea tres preocupaciones principales.
La primera es una declaración que García habría realizado durante la noche electoral. Según informaciones publicadas por el Miami Herald, la funcionaria afirmó que María Elvira era la ganadora, incluso si se realizaba un recuento.
Para el equipo de Rodríguez, esa declaración anticipaba un resultado que todavía debía someterse a revisión.
La segunda preocupación tiene que ver con un vínculo familiar. Robert Fernández, abogado relacionado con la representación de Salazar durante el recuento, es yerno de García. Además, Alyn Fernández, hija de la supervisora, trabaja en el mismo bufete. La campaña demócrata considera que esta relación compromete la apariencia de imparcialidad de la funcionaria.
La controversia aumentó cuando Alyn Fernández apareció en las instalaciones electorales durante una sesión de revisión de papeletas. Según WLRN, el registro de asistencia indicaba que había acudido en nombre del bufete RHF Law Firm.
El bufete rechazó que su participación representara una irregularidad. García también negó tener un conflicto de intereses.
La tercera preocupación se refiere al procesamiento de las papeletas. La demanda habla de actividades sospechosas, cuestionables y potencialmente ilegales. Sin embargo, las alegaciones no demuestran por sí mismas que alguien haya alterado votos o manipulado el resultado.
El juez rechazó apartar a Alina García
El 9 de noviembre, el juez federal David S. Leibowitz rechazó la petición de Rodríguez para retirar a García del proceso. El magistrado consideró inapropiada la declaración atribuida a la supervisora, pero entendió que no bastaba para excluirla de la junta electoral.
También tuvo en cuenta que el órgano encargado del recuento cuenta con otros dos integrantes, jueces estatales, y que García no puede decidir por sí sola qué votos se aceptan o rechazan.
La decisión representa un revés para Rodríguez, pero no certifica la victoria de Salazar ni resuelve todas las cuestiones planteadas en la demanda. El recuento continúa y el resultado sigue pendiente.
Mario Díaz-Balart y la controversia de los 3.000 votos
En el distrito congresional 26, el republicano Mario Díaz-Balart también tuvo una competencia muy cerrada.
Obtuvo 114.578 votos, frente a los 112.874 de la demócrata Nicole Locklin. Una tercera candidata independiente, Deborah Ann Meidinger Hosey, consiguió 2.352 votos.
La diferencia entre Díaz-Balart y Locklin fue de 1.704 votos, aproximadamente el 0,74 %.
Locklin cuestionó la evolución de los resultados durante la noche electoral. Su conteo había aumentado y después descendió, lo que la llevó a pedir explicaciones sobre unos 3.000 votos que, según su reclamación pública, parecían haber desaparecido.
Associated Press explicó a CBS Miami que un error de entrada de datos había mostrado temporalmente una cifra incorrecta para la candidata demócrata. El error fue detectado y corregido.
La explicación no demuestra una manipulación deliberada, pero el episodio puso de manifiesto la importancia de que las autoridades publiquen cifras precisas y expliquen cualquier modificación.
Broward revisó cientos de papeletas
El 6 de noviembre, la junta electoral de Broward revisó alrededor de 300 papeletas que presentaban problemas de firmas, documentación o información relacionada con electores fallecidos. El supervisor electoral Joe Scott informó que unas 100 fueron aceptadas.
Scott explicó que las papeletas recibidas antes del fallecimiento de un elector pueden ser válidas, mientras que las recibidas después deben rechazarse. Las autoridades de Broward y Miami-Dade indicaron que los votos pendientes no eran suficientes para cambiar el resultado del distrito 26. La diferencia del 0,74 % también quedó por encima del 0,50 % que obliga a realizar un recuento automático.
Elecciones en Florida: también se investigan delitos electorales

Las controversias de Miami-Dade y Broward coinciden con otras investigaciones electorales en Florida. El 24 de septiembre, el fiscal general James Uthmeier anunció cargos contra 20 personas en una operación estatal relacionada con el voto ilegal.
Según la Fiscalía, 16 personas fueron acusadas de registrarse y votar sin tener la ciudadanía estadounidense. Otras cuatro fueron acusadas de votar sin haber recuperado sus derechos electorales después de cumplir condenas penales. Los casos se relacionaban principalmente con elecciones anteriores, incluida la de 2024, y afectaban a condados como Lee, Hillsborough, Marion, Polk y Collier.
Entre los nombres publicados por las autoridades figuran Astrid Shamatu Navarrete Quintana, Selvin Uton Whilby, Cyntia Vanessa Canales y Craig William Smith.
Estos procesos son un reflejo del nivel de corrupción existente en este Estado, que por demás, aún se vislumbra como un bastión republicano. Hay que mantener un seguimiento a las pruebas que arrojen el proceso contra los representantes republicanos de los distritos 26 y 27.
Dos elecciones y una misma pregunta sobre la transparencia de las elecciones en Florida
Las contiendas de Salazar y Díaz-Balart muestran que incluso, en territorios con una larga tradición de representación republicana, pueden aparecer resultados mucho más ajustados de lo esperado.
En el distrito 27, la demanda de Rodríguez puso bajo escrutinio la relación entre una autoridad electoral y el equipo legal de una candidata. Aunque el juez rechazó apartar a García, la controversia plantea preguntas legítimas sobre los conflictos de intereses y la confianza pública.
En el distrito 26, el error de publicación de los resultados y la revisión de cientos de papeletas alimentaron las dudas de la candidata demócrata, aunque las autoridades atribuyeron el problema a un fallo de entrada de datos.
Ninguno de estos episodios demuestra por sí solo que existiera fraude electoral. Pero tampoco debe confundirse la ausencia de una condena con la ausencia de asuntos que merecen explicación y vigilancia pública. El recuento de Salazar, la evolución de la demanda federal y la certificación de los resultados permitirán conocer hasta dónde llegan estas controversias.
En Florida, la disputa no termina con el cierre de las urnas. Ahora también se juega en los tribunales y en la confianza de los ciudadanos en quienes cuentan sus votos.
