Mike Waltz niega el impacto del bloqueo, pero los hechos cuentan otra historia
Abel Matos 
Mike Waltz insiste en culpar únicamente al sistema cubano
Durante el debate de la Asamblea General de la ONU sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, el embajador estadounidense Mike Waltz volvió a defender una tesis que Washington repite desde hace décadas: la crisis que vive la Isla no sería consecuencia del bloqueo, sino exclusivamente del modelo político y económico cubano.
Leer Mas: Mike Waltz niega el impacto del bloqueo, pero los hechos cuentan otra historiaSegún Waltz, las sanciones estadounidenses contienen excepciones humanitarias y la responsabilidad de los apagones, el desabastecimiento y el deterioro económico recae únicamente sobre La Habana. El diplomático calificó además el debate anual en Naciones Unidas como un ejercicio político destinado a desviar la atención de los problemas internos de Cuba.
Sin embargo, esa narrativa encuentra serias dificultades cuando se contrasta con las propias decisiones adoptadas por la administración estadounidense durante los últimos meses.
Los hechos contradicen el discurso de Mike Waltz
Si realmente el bloqueo no tiene un impacto determinante sobre la economía cubana, resulta difícil explicar por qué Washington ha dedicado buena parte de 2026 a endurecer precisamente las medidas destinadas a restringir el acceso de la Isla al combustible.
Desde finales de enero, la administración de Donald Trump puso en marcha una estrategia dirigida específicamente contra el suministro energético de Cuba.
Entre las principales decisiones destacan:
- la imposición de un mecanismo de presión sobre terceros países que exporten petróleo a Cuba;
- nuevas sanciones dirigidas contra el sector energético cubano;
- la ampliación de restricciones financieras relacionadas con entidades estatales;
- sanciones contra la empresa estatal CUPET, eje del sistema de importación y distribución de combustibles de la isla;
- advertencias a empresas, navieras y entidades financieras extranjeras para desalentar cualquier operación relacionada con el suministro de petróleo a Cuba.
Estas medidas no fueron diseñadas para promover el turismo, incentivar la inversión o facilitar la llegada de alimentos. Su objetivo declarado consiste precisamente en aumentar la presión económica sobre el Gobierno cubano limitando uno de los recursos más críticos para el funcionamiento del país: la energía.
Un bloqueo que ahora también apunta al petróleo
La propia administración estadounidense ha reconocido que busca dificultar el abastecimiento energético de Cuba.
La orden ejecutiva firmada a finales de enero autorizó represalias económicas contra países que suministren petróleo a la isla, extendiendo el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. Posteriormente, Washington reforzó esa estrategia mediante sanciones directas contra CUPET y nuevas advertencias a empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con el sector energético cubano.
En otras palabras, mientras en Naciones Unidas se afirma que la crisis energética es responsabilidad exclusiva del Gobierno cubano, la política oficial de Washington consiste precisamente en obstaculizar la llegada del combustible necesario para operar termoeléctricas, hospitales, sistemas de bombeo de agua, transporte público y buena parte de la infraestructura nacional.
Los apagones no ocurren en el vacío
No todos los problemas económicos de Cuba son consecuencia exclusiva del bloqueo. Sin embargo, cuando una economía con enormes limitaciones enfrenta además sanciones destinadas a dificultar el acceso al combustible, al financiamiento internacional y a las operaciones comerciales, el resultado inevitable es un agravamiento de la crisis.
Las consecuencias son visibles: apagones prolongados, reducción del transporte público prácticamente a cero, interrupciones en el bombeo de agua, dificultades para mantener servicios esenciales y mayores costos para cualquier actividad económica. Incluso la propia presentación realizada por el canciller cubano ante la ONU estuvo centrada en denunciar ese impacto sobre la vida cotidiana de la población.
La comunidad internacional mantiene su posición
Desde hace más de tres décadas, la inmensa mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas vota sistemáticamente a favor de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba. Esa posición significa reconocer que las sanciones unilaterales, especialmente aquellas con efectos extraterritoriales, generan consecuencias económicas y humanitarias que afectan a toda la población.
Por eso resulta contradictorio escuchar a Washington minimizar el impacto del bloqueo mientras, paralelamente, anuncia nuevas medidas destinadas precisamente a hacerlo más severo.
El verdadero debate
La intervención de Mike Waltz refleja una constante de la política estadounidense hacia Cuba: negar que las sanciones tengan efectos significativos mientras se aprueban nuevas restricciones cuyo objetivo explícito es aumentar la presión económica sobre la Isla.
Si el bloqueo fuera irrelevante, no existiría razón para ampliar sanciones, perseguir el suministro de petróleo, castigar a empresas extranjeras o dificultar las transacciones financieras relacionadas con Cuba.
Las propias acciones de Washington terminan desmintiendo el argumento presentado en la ONU. El debate internacional no gira en torno a si Cuba necesita profundas transformaciones económicas y políticas. Ese debate existe y continuará.
La verdadera pregunta es otra: ¿puede sostenerse que el bloqueo “no importa” mientras Estados Unidos dedica cada vez más recursos diplomáticos, financieros y jurídicos a reforzarlo?
Las medidas adoptadas desde enero de este año parecen ofrecer una respuesta mucho más clara que cualquier discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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La mayoría de los países en la ONU ha pedido durante años el fin del embargo. Quizás sea momento de escuchar con más atención por qué existe ese consenso internacional.
Las sanciones económicas rara vez afectan únicamente a los gobiernos. Al final, quienes sienten las consecuencias son las personas comunes que necesitan electricidad, transporte y alimentos.
Este tipo de análisis ayuda a comprender que la realidad cubana no puede explicarse con una sola causa. Hay factores internos, pero también decisiones externas que tienen consecuencias concretas.
Creo que el debate sobre Cuba debería centrarse menos en los discursos políticos y más en cómo mejorar las condiciones de vida de la población. Mantener o ampliar sanciones no parece acercar esa solución.
El artículo invita a revisar los hechos antes que las consignas. Eso siempre es positivo cuando se trata de un tema tan complejo como la relación entre Estados Unidos y Cuba.