Abel Matos 
El próximo 7 de marzo, el resort Doral de Donald Trump en Miami, Florida se convertirá en el escenario de la cumbre que pocos medios latinoamericanos están analizando con la profundidad que merece. Seis presidentes —Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras)— se sentarán a negociar con el mandatario estadounidense. Lo que está en juego no es simplemente una foto de grupo: es el mapa de recursos naturales, el control migratorio y la presencia militar de Estados Unidos en la región.
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Trump no ha disimulado sus intenciones. Ha rebautizado la histórica Doctrina Monroe como “Doctrina Donroe“, convirtiéndola en eje de su estrategia de seguridad nacional. La versión original, proclamada en 1823, declaraba a América Latina como zona de influencia exclusiva de Washington. La versión 2026 autoriza intervenciones directas para “proteger activos estratégicos”, combatir el crimen organizado y detener flujos migratorios.
Esta Cumbre en Florida llega apenas semanas después de que tropas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Venezuela. El mensaje es claro: los gobiernos que se alinean reciben apoyo financiero y político; los que resisten, enfrentan consecuencias. Para los jóvenes cubanos que siguen estas noticias desde la Isla o desde Miami, el patrón resulta demasiado familiar.
Milei: el aliado estrella y las tierras raras
Ningún líder ha cultivado tanto la relación con Trump como Javier Milei. El presidente argentino ha visitado al magnate republicano más veces que cualquier otro mandatario latinoamericano, comenzando por las celebraciones post-electorales de noviembre de 2024. La reciprocidad no se hizo esperar: Argentina recibió un salvataje del Tesoro estadounidense que podría alcanzar los 40.000 millones de dólares, combinando swap de monedas y fondos privados.
Pero el precio es alto. En febrero, Argentina firmó el “Instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos”. Este acuerdo otorga a Washington acceso preferencial al litio y a las tierras raras —17 elementos esenciales para tecnología militar y vehículos eléctricos— en provincias como Jujuy, Catamarca y San Luis.
El problema es que estos recursos no son propiedad de la Nación, sino de las provincias. Milei prometió a Trump yacimientos que legalmente no puede entregar sin negociar con gobernadores locales. Mientras tanto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece a empresas transnacionales beneficios fiscales y jurídicos que incluso permiten a YPF —empresa con participación estatal— demandar al propio Estado argentino si una norma le perjudica.
Las comunidades de Jujuy y Catamarca llevan años resistiendo la explotación de litio. Saben que la “transición energética” del Norte global se construye con sus territorios de sacrificio: agua contaminada, tierras áridas y represión para quienes se oponen.
Bukele: cárceles privadas para migrantes
Nayib Bukele ha convertido a El Salvador en el socio migratorio más sumiso de Trump. Su oferta es explícita: recibir deportados de cualquier nacionalidad en las cárceles de máxima seguridad del país, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por torturas y condiciones inhumanas.
Documentos judiciales revelados en septiembre de 2025 muestran que Estados Unidos pagó 4,7 millones de dólares a El Salvador para recibir hasta 300 migrantes. El acuerdo incluye cláusulas aberrantes: los fondos no pueden usarse para asesoría legal de los deportados ni para planificación familiar. Bukele incluso ofreció alojar a criminales estadounidenses violentos, aunque esto último es constitucionalmente imposible en EE.UU.
Para los salvadoreños, la pregunta es obvia: ¿su Presidente está gobernando para su pueblo o para la administración Trump? El Salvador ha recibido elogios por la reducción de homicidios, pero a costa de un estado de excepción permanente que suspende garantías constitucionales. Ahora, sus cárceles se alquilan al mejor postor.
Ecuador y Bolivia: el botín mineral
Daniel Noboa llega a Miami con un acuerdo comercial reciente: Estados Unidos redujo a cero la sobretasa del 15% para la mitad de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, incluyendo banano, café y flores. Pero el producto estrella —el camarón— quedó fuera, dejando en evidencia que la “reciprocidad” es selectiva.
Lo que Washington realmente busca en Ecuador es el petróleo y la cooperación militar. Noboa ha mostrado disposición para acuerdos de seguridad que podrían incluir presencia de tropas estadounidenses bajo la excusa de “combate al narcotráfico”.
Por su parte, Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, representa un cambio dramático después de dos décadas de gobiernos socialistas. Su elección abre la puerta a que Washington compita por el litio del Salar de Uyuni —el 20% de las reservas mundiales— que hasta ahora estaba reservado a empresas estatales bolivianas, chinas y rusas.
Paz ha prometido no “vender” Uyuni, pero ya revisa los contratos chinos y rusos firmados por sus predecesores. La Constitución boliviana prohíbe la extracción privada de litio, pero eso puede cambiar con el argumento de la “crisis económica”. Bolivia necesita dólares urgentemente; Washington necesita litio para su industria tecnológica y militar. La transacción es evidente.
Paraguay y Honduras: militares y migración
Santiago Peña firmó en diciembre de 2025 un Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos. El documento permite entrenamiento militar conjunto, intercambio de información y “respuesta a casos humanitarios”. Peña asegura que no habrá bases extranjeras en Paraguay, pero los precedentes indican que estos acuerdos son escalones hacia una presencia permanente.
Nasry Asfura, presidente de Honduras, fue impulsado al poder con apoyo directo de Trump, quien se jacta de haberlo respaldado en campaña. Estados Unidos intervino incluso en el controvertido conteo de votos. Ahora Asfura busca que Trump revierta la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a miles de hondureños en EE.UU., pero debe ofrecer algo a cambio: cooperación migratoria y combate al narcotráfico que inevitablemente implicará mayor injerencia de agencias estadounidenses en territorio hondureño.
Cumbre en Florida: lo que no veremos en la agenda oficial
La Cumbre se presentará como un encuentro sobre “seguridad hemisférica” y “cooperación económica“. Pero los documentos filtrados y los antecedentes recientes revelan una agenda más oscura:
Primero, la creación de un bloque comercial de minerales críticos que excluya a China. Argentina, Bolivia y Ecuador poseen los recursos; Estados Unidos, el capital y la tecnología. El resultado será la reproducción de viejas estructuras de dependencia: nosotros extraemos, ellos industrializan.
Segundo, la externalización del control migratorio. Bukele ya mostró el camino: cárceles latinoamericanas financiadas por Washington para alojar a quienes EE.UU. no quiere. Milei prepara acuerdos similares.
Tercero, la justificación militar. Bajo el paraguas de combatir carteles y “interferencias extranjeras” —léase China—, se legitimará la presencia de tropas y bases estadounidenses en territorios soberanos.
Demandas incumplidas, soberanía negociada
Mientras estos presidentes buscan el favor de Trump, sus pueblos enfrentan realidades duras. En Argentina, la inflación no cede pese al “rescate” financiero. Por su parte, en Bolivia la escasez de combustible y alimentos continúan. Mientras que en Ecuador, la inseguridad persiste pese a los acuerdos de seguridad. En El Salvador, el estado de excepción se eterniza. Mientras tanto, en Honduras, la pobreza rural empuja la migración que Asfura “promete” detener.
Ninguno de estos gobiernos han cumplido las promesas de campaña sobre soberanía económica o justicia social. Todos, sin embargo, han encontrado tiempo para viajar a Miami a ofrecer sus recursos naturales, territorio para cárceles y apertura militar a la Casa Blanca.
La lección que dejará la Cumbre en Florida
La lección es clara: cuando un gobierno define su política exterior como “alineamiento estratégico” con Estados Unidos, suele traducirse en cesión de soberanía real. La historia del Caribe y Centroamérica está llena de estos ejemplos. El 7 de marzo añadirá nuevos capítulos a ese triste libro.
Al final, quienes sufren son los pueblos, mientras sus gobernantes se llevan jugosas ganancias a sus arcas personales. Las contradicciones ideológicas y ansias de poder de algunas figuras, solo llevan a que los pueblos vuelvan a revivir la lección de la democracia estadounidense; en ninguno de esos escenarios, se piensa en el beneficio del pueblo.
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Alejandro Manuel Ferrer Suárez 
