
Del choque con Canadá al caso Cuba: El mismo pulso por el poder
Lo que pasó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana con respecto a los aranceles a Canadá, no es un simple episodio político. Es una señal de algo más profundo: el Congreso empieza a marcar límites.
Leer Mas: Aranceles a Canadá y Cuba: ¿Trump cruzó la línea constitucional?Con 219 votos contra 211, legisladores —incluidos republicanos— rechazaron los aranceles del presidente Donald Trump contra Canadá. Un gesto simbólico, sí. Pero potente. Porque detrás del debate comercial hay una pregunta más grande: ¿Quién tiene realmente el poder de imponer aranceles en Estados Unidos? Y esa misma pregunta hoy apunta directo al caso Cuba.
Canadá fue el primer aviso en la guerra de aranceles
Trump ha defendido los aranceles como herramienta de presión. Frente a Canadá, incluso amenazó con subirlos hasta el 100% en medio de tensiones comerciales con el gobierno de Mark Carney.
Pero en el Congreso, la incomodidad crece. Empresas afectadas, votantes preocupados por los precios y republicanos que no quieren pagar el costo electoral. El voto en la Cámara fue una especie de “alto” político.
Aunque la resolución aún debe pasar por el Senado y probablemente sería vetada, dejó claro algo: el Congreso no está dispuesto a entregar sin pelea su autoridad constitucional.
Ahora miremos a Cuba
El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva declarando que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional. Con base en esa declaración, instruyó a su equipo a diseñar aranceles adicionales contra países que suministren petróleo a la isla.
La Casa Blanca invocó la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 que permite al presidente regular transacciones económicas tras declarar una emergencia nacional.
Aquí está el punto clave: La IEEPA permite regular, pero no menciona explícitamente imponer aranceles. Y eso cambia todo.
Constitución vs. decreto
La Constitución de Estados Unidos es clara: el poder de fijar aranceles pertenece al Congreso. Es parte de su autoridad sobre comercio exterior y tributación. No es un detalle técnico, es un principio central de la separación de poderes.
El Ejecutivo puede declarar una emergencia. Puede sancionar. Puede restringir transacciones. Pero imponer impuestos a importaciones —es decir, aranceles— sin delegación expresa del Congreso es jurídicamente discutible.
De hecho, la U.S. Court of International Trade y la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ya han cuestionado en casos recientes el alcance de los aranceles globales impuestos bajo argumentos similares. Y ahora la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa hasta dónde puede llegar el poder presidencial en este terreno.
El caso de los aranceles: la analogía es clara
En el caso Canadá, el Congreso dijo: “Esto nos corresponde”.
En el caso Cuba, el conflicto es más delicado, pero la raíz es la misma: ¿Puede el Presidente usar una declaración de emergencia para hacer lo que constitucionalmente solo el Congreso puede autorizar?
La diferencia es que con Canadá el costo es comercial y electoral. Con Cuba, el impacto es geopolítico y estructural.
¿Es legal declarar a Cuba una amenaza?
Sí. La IEEPA permite al Presidente declarar una emergencia nacional por amenazas externas. Eso entra dentro de su marco legal. Lo controvertido no es la declaración. Lo controvertido es usar esa declaración para crear un régimen arancelario sin respaldo legislativo claro. Ahí es donde muchos expertos hablan de extralimitación.
Más que aranceles: poder
Lo que está en juego no es solo la relación con Canadá o con Cuba. Es el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si el Presidente puede declarar emergencia y, con eso, imponer aranceles globales, el Congreso pierde una de sus funciones económicas más importantes. La votación contra los aranceles a Canadá puede verse como el primer síntoma de resistencia Institucional. Un aviso, un recordatorio de que el poder comercial no es automático ni ilimitado.
En un año preelectoral, con la economía en el centro del debate, la pregunta ya no es solo cuánto costarán los aranceles.
La pregunta es: ¿Quién tiene derecho a imponerlos?
